Cual es el aporte de los movimientos que trabajan por la defensa de los derechos humanos?

Los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Si en el país en donde se cometen estos delitos no hay condiciones para su juzgamiento, como en el caso Guatemala en donde se pretende anular una sentencia condenatoria por genocidio y no hay garantías para una justicia justa, se debe juzgar en cualquier tribunal o país que garantice absoluta imparcialidad de la aplicación de la justicia y en donde la regla no sea la impunidad.

En otros países en donde regímenes cometieron crímenes contra la humanidad han intentado legitimar medidas locales como leyes de amnistías, leyes de punto final, borrón y cuenta nueva, para garantizar su autoimpunidad, pero no lo han logrado.

Desde la II Guerra Mundial, la comunidad internacional ha venido construyendo una doctrina jurídica universal con relación a la tipificación de crímenes o delitos de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada, el exterminio masivo de poblaciones, tratos crueles, degradantes e inhumanos a población, como el genocidio, femicidio, etnocidio y feticidio.

Por todo lo anterior, cobra mayor importancia la declaración del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el pasado viernes, acerca de la necesidad de que Guatemala no viva más en situación de impunidad, sobre todo a raíz de la anulación de la sentencia condenatoria por genocidio.

Ya no es solo la discusión que pudieron tener entre abogados y operadores de justicia en el seno del juicio por genocidio.

Tampoco se reduce la reflexión a las posturas contrarias y antagónicas de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Se trata de un informe proveniente de la máxima expresión institucional en el mundo.

En ella, critican la anulación de la condena, pero también resaltan algo muy grave : los miles de casos de desapariciones forzadas que tuvieron lugar en nuestro país, principalmente durante los años del conflicto armado interno.

A ello se agrega la impunidad en que han venido quedando los casos contra defensores de los derechos indígenas, la tierra, desalojos y otros.