La prolongación de la vida hace que en la biografía de la mayoría de las personas haya un periodo cada vez mayor (entre 8 y 10 años) en el que necesitan asistencia.
Esa ayuda es proporcionada casi siempre por familiares, en su mayoría mujeres (más del 80%), que se ven por ello forzadas a abandonar (o no entrar en) el mercado laboral.
Además, hay un número grande de personas con minusvalías permanentes.
Los sistemas de asistencia social existentes - residencias, etcétera - son un complemento, insuficiente, de esa ayuda familiar.
Ése es el problema.
Una vez detectado, y partiendo de las experiencias de otros países, se ha planteado un marco legal que garantice el derecho de esas personas a recibir asistencia pública y unas previsiones de financiación.
Y se ha buscado el más amplio consenso parlamentario para que, a diferencia de lo ocurrido con otras leyes de fuerte impacto social, su aplicación no se vea sometida a las vicisitudes de eventuales cambios de mayoría.